Vivienda de protección pública, un modelo alternativo.
Una conversación con Cris Ballester y Carles Oliver,
por Liliana Obal
Texto publicado en El Croquis 219 IBAVI 2019 2023
Liliana Obal: En el proyecto que están ustedes abordando desde el IBAVI parece existir una convergencia en los objetivos políticos y sociales, un impulso que ha permitido alinear la reflexión arquitectónica con las políticas y su gestión. Para lograr sus objetivos, y el cambio de modelo que ustedes proponen, el camino no ha debido ser fácil. ¿Cómo arranca esta experiencia, cuál es su punto de partida?
Cris Ballester: Llegué al IBAVI como directora gerente en agosto de 2019, en un momento en el que se hacía necesario impulsar de forma decidida la promoción de vivienda pública en Baleares. Desde mi punto de vista, el punto de partida radicó en el término sostenibilidad, una palabra que, aunque todo el mundo emplee, puede resultar algo imprecisa en cuanto a su significado. De ahí que sea muy importante entender el término tal como lo explicita claramente el Informe Brundtland de 1987.3 Este informe avanza, además de las herramientas que deben ponerse en marcha para que nuestro bienestar actual no hipoteque el bienestar de las futuras generaciones, las consecuencias sociales y medioambientales a las que hemos de enfrentarnos. Aquí tuve la fortuna de encontrarme con Carles Oliver, quien me propuso un modelo de arquitectura de bajo impacto ambiental, basado en estrategias bioclimáticas y en la utilización preferente de recursos de proximidad km 0. Enseguida le expresé mi conformidad respecto a la propuesta medioambiental, aunque me asaltaban dudas en relación con los aspectos sociales y económicos, sobre todo en cuanto a los tiempos de ejecución y los costes asociados. La necesidad urgente de contar con un gran número de viviendas para atender la emergencia habitacional obligaba a que el proceso que se atuviera a ese modelo, si queríamos que fuera viable, no debía prolongarse mucho en el tiempo. Así que el tema fundamental fue lograr el equilibrio entre las necesidades y el modelo, lograr consensuar las decisiones cuando se analizan conjuntamente desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
LO: Considerar estos tres aspectos es lo que lo hace sostenible…
CB: En teoría, sí, aunque se hace necesario analizar el significado y el impacto real de todas las decisiones. Por ejemplo, atendiendo a la necesidad social: ¿se supone que sólo debemos ofrecer a las personas una vivienda; o además debemos incidir en otros aspectos? ¿Debemos pensar que las personas arrendatarias, al ocupar la vivienda, han de ser capaces de pagar no sólo el alquiler, sino también las facturas de la luz derivadas de la utilización de los sistemas de climatización? Es decir, la reflexión y el análisis han de contemplar tanto el significado real del término sostenibilidad —el equilibrio entre esos tres aspectos mencionados—, como profundizar y hacer medible los impactos de nuestra manera de hacer. De ahí que, teniendo en cuenta que el objetivo de la legislatura era incrementar en cuatro años la oferta pública del parque de viviendas en alquiler en más de 1.000 viviendas —por entonces era de 1.753 unidades—, una de las primeras cuestiones que le planteé a Carles fue la duración temporal del proceso. El arco temporal, en los cronogramas, se extendía entre cinco y seis años —desde la selección del solar hasta la finalización de las viviendas—, y ese plazo debía agilizarse, porque debíamos hacer converger el tiempo que requiriese la parte técnica con el que nos exigía la necesidad social.
LO: ¿Qué ocurrió con la oferta de vivienda de protección pública en las islas para que su carencia hubiera alcanzado dimensiones críticas? ¿Qué los llevó a decidir la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler en lugar de en propiedad?
CB: Antes de la crisis económica del 2008, las viviendas de alquiler del IBAVI se quedaban vacías porque en el mercado existían muchas facilidades para el acceso a la vivienda, sobre todo en régimen de compra. Durante el boom inmobiliario y antes de la explosión que supuso el alquiler vacacional, se solía optar por la vivienda en propiedad. En 2008 sobrevino la crisis que, para muchas familias, supuso la pérdida de su vivienda habitual al no poder hacer frente a la hipoteca —una hipoteca que, no obstante, en muchas ocasiones seguía suponiendo una deuda con el banco— y además tener que pagar, para vivir, el alquiler de otra casa. Después del 2008, y hasta el 2021, se construyeron en Baleares pocas promociones de vivienda protegida, apenas unas 148 unidades de vivienda de media al año (ninguna entre 2013 y 2014) frente a las 33.692 construidas en régimen libre durante ese período. Pero, en paralelo, se produjo además un gran incremento de población en las islas y un cambio en los modelos de convivencia. Y lo que predomina ya no es la familia tradicional —por ejemplo, la de una pareja con dos niños—, y sí muchas familias monoparentales o personas que viven solas. También los jóvenes tardan más en emanciparse y la esperanza de vida es mayor —las personas mayores necesitan ocupar más años una vivienda y, en muchas ocasiones, incluso adaptadas a sus condiciones de movilidad—. Como nuestro parque público de viviendas en régimen de alquiler era pequeño y no estaba adaptado a la demanda que teníamos, nuestro objetivo, desde 2019, es ofrecer de forma prioritaria viviendas en alquiler, frente a la opción de venta; básicamente porque se adapta mejor a la voluntad de los solicitantes, a sus posibilidades económicas y a la rotación en el tiempo de los inquilinos.
Texto completo disponible a la venta en la web de El Croquis.